lunes, 11 de julio de 2011

LA GESTIÓN ETNOCIDA DE QUINTANA | Nadie explica si los Pacahuara son o no Nación

Bosé y Buca Yacu, los últimos pacahuara. Fracasaron dramáticamente en su
intento por llevar a su pueblo de retorno a Pando, ante una resolución judicial
promovida por empresarios, el Inra y la ABT en octubre del 2009.

No hay autoridad competente que aclare si esta nación actualmente desterrada en el Beni tiene derecho a su propio territorio originario en el departamento de Pando. Lo evidente es que en el 2008, los responsables del Viceministerio de Tierras (Almaraz), de la ABT (Rocha) y del Inra (Urapotina), siguiendo ciegamente instrucciones del entonces Ministro de la Presidencia (Quintana) consolidaron el despojo de las tierras originarias del pueblo Pacahuara en la provincia pandina  Federico Román, despojo que se inició en la década de los setenta mediante las matanzas etnocidas propiciadas por la dictadura de Banzer...
 por Wilson García Mérida
Separata de la edición de Sol de Pando incautada
en Cobija por una orden emanada desde La Paz.

“Los únicos Pacahuara visibles y de cuya presencia en el territorio nacional se tiene plena certeza son los pocos individuos, dos o tres familias acogidas por las comunidades Chácobo asentadas en la provincia Vaca Díez, al extremo norte del departamento del Beni, con quienes comparten su vida comunitaria y su propiedad territorial”, escribió el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz Ossio en un artículo publicado el pasado 28 de junio en el diario Página Siete.
Según Almaraz, “pese a los esfuerzos de organizaciones indígenas, académicas, otras personas de buena voluntad y el propio Estado, los datos sobre la presencia de estas parcialidades en el país, y su ubicación geográfica, son escasos y poco sólidos, sin llegar a otorgar certezas”. Debido a esa supuesta ambiguedad (casi surrealista) argüída por el ex Viceministro, la nación Pacahuara no tuvo la suerte de ser beneficiada con su inalienable derecho territorial durante el proceso de Saneamiento en Pando (que concluyó en el 2008 bajo la dirección de este ex funcionario), motivo por el cual el Viceministerio de Tierras, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), cumpliendo instrucciones directas del entonces ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, determinaron consolidar cuatro concesiones forestales que suman más de 220.000 hectáreas en favor de la empresa maderera Mabet, la cual realiza sus operaciones de explotación del bosque sobre la zona de los ríos Negro y Pacahuara, exactamente el área que hasta antes de la dictadura militar de Banzer, en los años 70, era ocupada como hábitat natural por la etnia Pacahuara, actualmente desterrada en el Beni.

En 1974, recordemos, empresarios madereros ligados a la dictadura de Banzer, entre ellos varios narcotraficantes brasileños, contrataron grupos paramilitares y sicarios protegidos por los mandos militares bolivianos para exterminar a los Pacahuara con el fin de borrarlos de aquel territorio especialmente rico en biodiversidad, cerca a Cachuela Esperanza. El jefe guerrero Yacu, capitán grande los Pacahuara, fue uno de los indígenas que falleció en una de las matanzas. Su hija Bose Yacu, que fue testiga de los asesinatos, fue rescatada por evangelistas norteamericanos que trasladaron en helicópteros a los pocos sobrevivientes de aquella masacre hacia una reservación Chácoba próxima a Riberalta, en el departamento del Beni. Junto a Bosé Yacu fue rescatado su primo y pareja endogámica Buca Yacu.
Buca Yacu, el último guerrero Pacahuara que sobrevivió
a la masacre de 1974. Fue sacado de Pando siendo niño,
forzado a convivir con los Chácobo en el Beni.

Desde entonces el territorio originario de los Pacahuara en la provincia Federico Román de Pando se convirtió en una propiedad privada forestal que fue sucesivamente transferida, en las tres décadas transcurridas desde el exterminio Pachauara, a diferentes empresas madereras, hasta llegar a Mabet, cuya concesión fue "saneada" por el actual gobierno de Evo Morales, consolidando el despojo y contraviniendo el precepto constitucional que prioriza los derechos territoriales de los pueblos originarios, que en este caso debió implicar la restitución de ese territorio en favor de los sobrevivientes Pacahuara, cuya población en un destierro de más de 30 años se redujo drásticamente. 

El principal operador de este inconstitucional despojo territorial contra una de las 36 naciones originarias que constituyen el Estado Plurinacional según la Constitución vigente, es el actual director de "Ademaf" y ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, en perversa conjunción con Alejandro Almaraz (Viceministerio de Tierras), Cliver Rocha (ABT) y Julio Urapotina (Inra). Este último se dio a la tarea de propalar la insidia de que Sol de Pando estaría cohonestando con loteadores vinculados al propio oficialismo. En un informe solicitado por el Senado en el 2010, Julio Urapotina reiteró mecánicamente los argumentos "técnicos" que justificaron el despojo del territorio Pacahuara en favor de la empresa Mabet durante un juicio ventilado en Cobija el año 2009, proceso en el cual las pocas familias Pacahuara que sobreviven al etnicidio fueron declarados "ilegales" por no contar con una personería jurídica "aprobada por la Prefectura".

Más allá de explicar con simpleza y claridad cómo es que los encargados estatales de la administración de tierras y territorios permitieron que un delito etnicida que se inició en la dictadura de Banzer (cometiéndose crímenes de lesa Humanidad como fueron los asesinatos a los jefes Pacahuara que resistían el avasallamiento maderero) termine consolidándose en los albores del Estado Plurinacional —precisamente bajo la gestión del viceministro Almaraz—, esta ex autoridad se enreda en recurrentes contradicciones al reconocer que “es cierto que una parte importante del departamento de Pando corresponde al territorio histórico y ancestral del pueblo Pacahuara”; pero al mismo tiempo pasa por alto el precepto constitucional que pone por encima de los intereses empresariales los derechos de los pueblos indígena originarios en peligro de extinción, y la obligación inexcusable de las autoridades de brindarles protección y respeto a sus territorios ancestrales, aun siendo “invisibles” a los ojos del ex viceministro Almaraz, de Urapotina, de Rocha y de Quintana
NOTA DEL EDITOR: Este artículo fue originalmente publicado en la edición Nro. 22 de Sol de Pando que fue incautada en Cobija por el gobernador Luis Flores Roberts, cumpliendo una orden emanada desde La Paz.
 
Bose Yacu en la reservación Chácoba del Beni a donde fue “relocalizada” en los
años setenta, tras el asesinato de su padre que defendía sus bosques en Pando.
Esta es una sus últimas fotos, cuando recibió una lámpara solar como regalo gubernamental.
FOTO: CORTESÍA EBA
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Edición Nº 19
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